Abogados piden a DT zanjar por dictamen duda de si automatización es reemplazo en huelga

12 julio, 2017

Autor: Juan Pablo Palacios

También ven espacio para verlo en tribunales. Controversia se da a partir de la huelga de Litoralpress, donde la Inspección del Trabajo exigió a la empresa desactivar el sistema automatizado.

Como un caso de “laboratorio” que sentaría un precedente para el resto de las negociaciones colectivas bajo la regulación de la Reforma Laboral, han calificado los expertos la huelga de los trabajadores de Litoralpress.

El fin de semana se conoció que la Inspección del Trabajo constató una infracción a la ley laboral por parte de la empresa de monitoreo de medios y exigió desactivar su sistema automatizado en medio de la realización de la paralización.

Mediante un acta firmada por la fiscalizadora Helia Leiva Feli, de la Inspección Comunal de Providencia, el servicio constató que “una vez hecha efectiva la huelga con fecha 5-07-2017 por los trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva, la empleadora ha incurrido en la infracción que se detalla: reemplazar funciones de los trabajadores involucrados en la huelga, sin cumplir los requisitos exigidos en la ley”. La autoridad expuso al empleador “el retiro inmediato de los reemplazantes o dentro de las siguientes dos horas”, junto con solicitar “la desactivación del sistema computacional que automatiza los procesos antes desarrollados por trabajadores”.

La resolución de la DT, en lo que tiene que ver con el sistema automatizado, no fue compartida por los expertos.

“La desactivación del sistema computacional es absolutamente ilegal, la reforma en el artículo 345 del Código del Trabajo establece que la infracción al no reemplazo en huelga constituye una práctica desleal grave y para lo único que habilita al inspector del Trabajo es al retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes, en consecuencia cualquier otra orden o instrucción distinta a lo que expresamente le faculta la ley es una instrucción ilegal, vulnerando el principio de legalidad establecido en la Constitución”, señala Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo.

En la misma línea, Huberto Berg, de Berg Consultores, afirmó que la DT “se está extralimitando”, añadiendo que “los que están en huelga son las personas, no las máquinas ni los procesos. La ley dice que no se debe poner a otra persona a ejercer el trabajo del huelguista, por ende se permite ocupar la tecnología disponible”.

Felipe Sáez, socio de Sáez & Fernández, cree que “la prohibición del reemplazo no alcanza a incluir los procesos automatizados dentro de esa prohibición, debería explicarse más porque se está considerando reemplazo la utilización de una figura de automatización, que por la propia resolución de la DT no queda entregada a las facultades de gestión de la empresa”.

Una visión distinta tiene José Luis Ugarte, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. “Toda forma en que el empleador sustituya o logre neutralizar la presión que la huelga importa es un caso de reemplazo. Así ha ocurrido en el derecho comprado, donde el caso más evidente es el de España, su Tribunal Supremo sostuvo ese criterio”, afirma.

Ante la controversia que abrió el caso, los expertos plantearon que la manera de zanjarlo sería a través de un nuevo dictamen de la DT, o mediante un fallo judicial.

“Sería bueno que la DT se pronunciara a través de un dictamen para los efectos de entender cuáles son los fundamentos en los que se está apoyando para tener un pronunciamiento sobre esta materia”, dice Felipe Sáez, quien añade que también procedería un recurso jerárquico ante el mismo servicio o una impugnación judicial para aclarar el asunto.

Ugarte considera que un pronunciamiento de la DT “aclararía para efectos administrativos”, pero cree que “los que tienen la última palabra son los tribunales”. Recuerda que la Corte Suprema “si fuera coherente con su jurisprudencia sobre reemplazo interno debería sostener que aquí también hay reemplazo”. Albornoz, a su vez, enfatiza que el Poder Judicial es el mandatado para aclarar este tipo de controversias. “Los tribunales debieran abordar los casos cuando exclusivamente cuando pueda existir un antecedente o evidencia de que la aplicación de la automatización tiene por única finalidad afectar el derecho a huelga, toda vez que se ha puesto en marcha en un período igual o coetáneo al inicio de la huelga. Hay espacio en nuestra legislación para que sean los tribunales los que puedan calificar esas situaciones puntuales”, dice.

FUENTE:
www.pulso.cl

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